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17.10.18
Ley 19.637 - ¿Oportunidad u obstáculo?

Hace algunas semanas, el gobierno uruguayo publicó el decreto reglamentario 244/18 que reglamenta la ley 19.637 que había sido aprobada en el mes de julio del corriente. La nueva regulación introduce algunos cambios a las exoneraciones tributarias que gozaba el sector de servicios de desarrollo de soportes lógicos y servicios vinculados a los mismos.

Hasta finales del año 2017, la exoneración prevista por ley era del 100%, con la salvedad de que la misma sólo aplicaba si el activo era aprovechado íntegramente en el exterior.
Luego, con la entrada en vigor la Ley 19.353 se modifican las condiciones y se amplía la exoneración a los activos aprovechados dentro del país.

No obstante, la citada ley estableció un tope en la exoneración de los activos que aprovechados en el exterior, aplicando para ello el cociente entre los gastos y costos directos para desarrollar el activo, incrementados un 30%, sobre los gastos y costos totales, al tiempo que exigió el registro del software como derecho de autor a fin de que aplique la exoneración.
Ahora con la entrada en vigencia de la Ley 19.637, el citado tope en la exoneración se extiende a los activos comercializados en Uruguay.

Asimismo, la mencionada nueva ley establece determinadas condiciones que se deben cumplir a los efectos de poder acceder a la exoneración en el IRAE:
1. Que los activos resultantes se encuentren amparados por la legislación que regula la protección y registro de los derechos de propiedad intelectual.
2. Que se presente ante la Dirección General Impositiva una declaración jurada en la que consten los extremos previstos en la nueva regulación.
3. Que se deje constancia en la documentación que respalde estas operaciones del porcentaje de exoneración determinado, de acuerdo a lo previsto en la nueva regulación.

Para aquellos casos en que el activo resultante no se encuentre amparado por la legislación que regula la protección y registro de los derechos de propiedad intelectual, la ley exige que la actividad sea desarrollada por el sujeto pasivo en territorio nacional.

A tales efectos, se considerará que el sujeto pasivo desarrolla sus actividades en territorio nacional cuando el monto de los gastos y costos directos incurridos en el país para la prestación de dichos servicios sea superior al 50% del monto de los gastos y costos directos totales, incurridos en el ejercicio para la prestación de los mismos.

La nueva regulación se ha recibido con más dudas que certezas, ya que parecería ser que en realidad solamente complica y dificulta exoneraciones que ya estaban previstas, y que el efecto final será el contrario al deseado, volviendo a Uruguay un país menos atractivo para los inversores.

Dr. Gabriel Pittaluga Rossi – Pittaluga Abogados